Ponunciamiento

Frente a recientes acontecimientos que buscan crear una crisis de credibilidad y confianza ciudadana en el Poder Judicial, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia manifiesta lo siguiente:

Primero: Desde la autoridad moral que nos da el haber tenido una firme e independiente actuación jurisdiccional en los peores años de manipulación política del Poder Judicial, manifestamos nuestra gran preocupación por la reaparición de una nefasta campaña de utilización contra el Poder Judicial por distintas autoridades y dirigentes políticos, con la finalidad de obtener beneficios y réditos políticos inmediatos, a costa de un Poder del Estado cuya función, a diferencia de los otros, le impide defenderse adecuadamente. 

Segundo: Muchas de estas críticas parten de opiniones poco informadas o interesadas que alimentan injustificadamente la imagen negativa de la justicia, siendo un ejemplo reciente el caso del juez anticorrupción Jorge Barreto, quien en la tramitación de uno de los 72 juicios seguidos en contra del procesado Vladimiro Montesinos, dio por concluído el tiempo de su detención por vencimiento de los plazos según lo dispuesto por las normas procesales vigentes y las resoluciones del Tribunal Constitucional. La calificación del proceso como "simple" no fue impugnada por el Fiscal ni el Procurador Público, por lo que el criterio del juez quedó firme y tenía que actuar en consecuencia.

Tercero: La construcción de la democracia pasa necesariamente por el respeto que todos los actores políticos y sociales deben brindar a las reglas que sustentan el Estado de Derecho, por lo que si bien existe el derecho constitucional de formular críticas a las resoluciones judiciales, ello no debe conducir a que, sin la debida información o con intereses subalternos, se afecte injustificadamente la dignidad de la magistratura. 

Cuarto: Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro respaldo al Señor Presidente del Poder Judicial para reestructurar el sistema de justicia, así como la convocatoria a un Acuerdo Nacional por la Justicia. En tal sentido, exigimos responsabilidad en las denuncias formuladas y la participación activa de los poderes del Estado y de la sociedad civil en dicho Acuerdo Nacional, para que nuestro país pueda contar con un Poder Judicial que cumpla cabalmente sus trascendentales funciones.

Lima, 23 de enero de 2003.