Pronunciamiento

Ante la aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso del proyecto de Ley mediante el cual se propone la prórroga excepcional del ejercicio del cargo de Presidente de la Corte Suprema de la República, debemos expresar nuestra posición sobre el particular.

1. Como consecuencia del proceso de democratización del Estado, el Poder Judicial ha venido eligiendo a sus representantes ante los órganos de gobierno y de gestión, hechos que contribuyen a fortalecer su independencia.

2. Al no haber sido ratificado en el mes de mayo del 2001 el Presidente de la Corte Suprema de la República, nombrado conforme dispone el artículo 74º de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el período 2001-2002, asumió el cargo el Vocal Decano y por decisión de la Sala Plena se optó por elegir a su representante cuando se designen a los vocales titulares de la máxima instancia judicial.

3. Es impostergable la adopción de medidas que tiendan a democratizar el manejo de este Poder del Estado, no debemos olvidar que el Poder Judicial fue sometido desde el año 1995 a una intervención mediante la dación de la Ley No. 26546, que creó la Comisión Ejecutiva por un plazo de 360 días, para sumir las funciones de gobierno y gestión; no estimamos necesario señalar lo que ocurrió posteriormente. Sin pretender calificar de intervencionista la propuesta de la Comisión de Justicia, se hace necesario recordar que las soluciones transitorias tienen un precedente negativo.

4. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 73º que el Presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo de este Poder y como tal tiene la calidad de titular de uno de los Poderes del Estado. Consideramos que esta norma debe ser modificada y crearse la figura del Presidente del Poder Judicial, el que será designado por todos los magistrados titulares en ejercicio del país. La legitimidad de su representación estará dada por el respaldo proporcionado por la votación universal de los magistrados de todas las instancias y no sólo por la designación realizada por la máxima instancia.

5. Es de público conocimiento que se viene elaborando una propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la que debe ser debatida por la Sociedad Civil y por todas las instancias de este Poder del Estado. Pero la decisión sobre los órganos de gobierno no debe quedar supeditada a la aprobación de la totalidad de esta norma.

Conocedores de la apertura de los integrantes del Congreso y preocupados de las decisiones que puedan asumirse, estimamos indispensable que se considere esta propuesta planteada por la Asociación, en el camino del fortalecimiento de la independencia y autonomía judicial.

Lima, 23 de noviembre de 2001