Hechos de la Justicia

 

 

LEY DE CONCLUSION ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL Y CELERIDAD PROCESAL

César Alberto Arce Villar

Vocal (P) de la 1ra. Sala Penal de la

Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 


     

I. El Caso. Son las nueve y cuarenta minutos de la mañana del día 22 de marzo del 2006 y los miembros de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se aprestan para dirigirse al Penal de Máxima Seguridad de Yanamilla. Van a dicho lugar para iniciar el juicio oral de un crimen que conmocionó a la ciudad: el asesinato de una niña de seis años, un mes y diez días de edad presuntamente por su propio padre, su conviviente y dos sicarios, con la finalidad de eludir la obligación alimentaria dispuesta de manera anticipada a nivel judicial (ciento veinte nuevos soles mensuales). 10.00 am: se inicia la audiencia pública con la exposición de la acusación de la Fiscal Superior, quien luego de narrar los hechos pide se imponga a cada uno de los cuatro acusados la pena de treinta años de privación de libertad y el pago solidario de veinte mil nuevos soles a favor de los herederos legales de la menor fallecida. Luego, el Tribunal informa a los acusados de la existencia de la Ley N° 28122, que posibilita la conclusión inmediata del juicio oral, siempre y cuando reconozcan su culpabilidad y acepten los términos de la acusación fiscal. Tras breve deliberación con sus respectivos abogados, los acusados piden la suspensión de la audiencia para otro día. El Tribunal accede a la petición y programa la siguiente audiencia para el día 3 de abril, fecha en que los cuatro acusados aceptan los términos de la acusación, se declaran confesos del delito que se les imputa y se acogen a la ley de conclusión anticipada del juicio oral, efectuando sus respectivos pronunciamientos sus defensores, frente a lo cual el Tribunal suspende la audiencia para dictar sentencia en acto oral el 5 de abril del 2006, oportunidad en que el colegiado impone al acusado principal (padre de la menor victimada) 29 años de privación de libertad efectiva, y a los restantes tres acusados 28 años de condena, así como el pago solidario de cien mil nuevos soles por concepto de reparación civil. Luego de leída la sentencia dos acusados, entre ellos el padre de la víctima, interponen recurso de nulidad, frente a ello la Fiscal Superior se ve obligada a interponer recurso de nulidad, en tanto que los restantes dos acusados se reservan el derecho de impugnar. Posteriormente los otros dos acusados también formulan recurso de nulidad y el caso se va a la Corte Suprema. El juicio ha concluido de manera abreviada sin necesidad de interrogar nuevamente a los acusados, realizar el contradictorio y la actuación de las pruebas del caso, gracias a la existencia de la Ley N° 28122, que según expresión de uno de los vocales del colegiado es una “maravilla”, pues impone celeridad en la resolución de los procesos.

II. El Proyecto de Ley. El 25 de setiembre del 2003 se publicó en el portal web del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 8030/2003-CR[1] por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Alcides Chamorro Balvín, en base al proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia de la República (el 27 de agosto del 2003)[2], mediante el cual se propuso crear la instrucción abreviada para determinados procesos penales y la conclusión anticipada del juicio oral, dando lugar a la Ley Nº 28122, aprobado por el Congreso de la República el 21 de noviembre del 2003, promulgado por el Presidente de la República el 13 de diciembre del mismo año, publicado en el diario oficial el día 16 y vigente desde el día 17 del mismo mes y año.

III. La Norma. La Ley Nº 28122[3], establece en su artículo 5, que en los casos de confesión sincera, la Sala o el Juez actuarán conforme a las siguientes reglas:

1). La Sala, después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil.

2). Si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara la conclusión anticipada del debate oral. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 48 horas, bajo sanción de nulidad.

3). Si el defensor expresa su conformidad, pero condicionándola a la oralización de algún medio probatorio, se atenderá el pedido así como se permitirá argumentaciones y refutaciones sobre la pena o la reparación civil. Seguidamente, se suspenderá la sesión para expedir sentencia, la que se dictará ese mismo día, o en la sesión siguiente, que no podrá postergarse por más de 48 horas, bajo sanción de nulidad.

4). Si son varios los acusados y solamente confiesa una parte de ellos, con respecto a éstos, se aplicará el trámite previsto y se expedirá sentencia, prosiguiéndose la audiencia con los no confesos, salvo que la Sala estime que se afectaría el resultado del debate oral.

IV. La Jurisprudencia. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República  respecto al tema bajo comentario ha emitido un precedente vinculante el 21 de setiembre del 2004 (Exp. Nro. 1776-2004)[4], estableciendo los siguientes parámetros:

a). La citada Ley N° 28122, más allá de lo limitado y parcial de su denominación oficial, en puridad de verdad comprende dos institutos procesales penales: i. la conclusión anticipada de la instrucción judicial (artículos 1 al 4) –a la que hace mención el título de la ley-; y, ii. la conclusión anticipada del debate oral o juicio oral (artículo 5), que aún cuando vinculadas al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia penal se diferencian en que éste último supuesto rige básicamente el principio del consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio oral;

b). La conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples, siempre que se presenten puntuales supuestos procesales, tales como flagrancia delictiva, investigación preliminar con intervención fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera;

c). El artículo 5 de la Ley 28122 –precisamente por tratarse de una institución procesal autónoma y distinta de la conclusión anticipada de la instrucción judicial- no impone límite alguno en orden al delito objeto de acusación o la complejidad del proceso, ni remite su aplicación a las exigencias de los artículos 1 y 2;

d). El acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida, no es un allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada;

e). El Tribunal está autorizado, al reconocerse los hechos acusados, a recorrer la pena en toda su extensión, desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida, llegando incluso a la absolución[5];

f). En la conclusión anticipada del debate oral o juicio oral se da una modalidad especial de sentencia, que puede denominarse “sentencia anticipada”, producto de una confesión del acusado, que tiene como efecto procesal concluir el juicio oral, y no está circunscrita exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal, y en su caso, de la parte civil, por tanto el Tribunal tiene potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad;

V. La Doctrina. Las formas de justicia negociada, especialmente las que se desarrollan en el campo penal, consisten básicamente en solicitar a los imputados, declaraciones acusatorias ofreciendo a cambio reducciones de penas, o en pactar, en todo caso, el contenido de sus imputaciones. Son, por tanto, prácticas que buscan dar salidas rápidas a procesos ya instaurados una vez concluida la fase de investigación, por la vía, en particular, de la negociación sobre la pena y con el objeto de evitar la realización del juicio oral[6].

VI. Los Resultados. Según una nota de prensa emitida por el Poder Judicial[7], los juicios rápidos ya son una realidad, pues con la aplicación de la Ley de Conclusión Anticipada los magistrados han logrado descongestionar, reducir la carga procesal y resolver con prontitud y justicia buena parte de los procesos que tienen a su cargo. Según dicha información: “Esta herramienta legal permite a los jueces terminar la etapa de instrucción en una o dos sesiones, y a los vocales el proceso del juicio oral. En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por ejemplo, 253 de las 537 sentencias que se han dictado en lo que va del año (47%), se dieron bajo esta modalidad, según informó William Quiroz Salazar, vocal de la Primera Sala Penal de este distrito judicial”. Por su parte -continúa la nota informativa- Horst Schonbohm, asesor principal de la Corporación Alemana al Desarrollo (GTZ), remarcó la importancia de la Ley de Conclusión Anticipada, porque se gana celeridad, ayuda a la descarga procesal en beneficio no sólo de las partes del proceso sino del Estado, por los recursos que se ahorra”.

VII. Reflexión Final. Pasado algunos meses desde que se expidió la sentencia en el caso reseñado en el ítem I, vuelven los autos de la Corte Suprema con la ejecutoria de fecha 18 de julio del 2006, que declara no haber nulidad en la sentencia recurrida, en el extremo que condena al primer acusado (padre de la menor victimada) por el delito de parricidio y en el extremo que condena a los otros tres acusados por delito de homicidio calificado; haber nulidad en cuanto a la penalidad  impuesta, y reformándola impusieron al primer acusado y a su conviviente, treinta y cinco años de privación de libertad (superior a la pena solicitada por el Ministerio Público) y a los dos restantes acusados la pena de treinta años de cárcel, por cuanto “al reconocer los acusados los hechos incriminados de la forma como se ha expuesto, el órgano jurisdiccional está autorizado a recorrer la pena en toda su extensión, desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida, fijándola conforme corresponda con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad”. En suma, gracias a la existencia de la Ley N° 28122, que se dio por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha concluido el caso de manera abreviada, ello es una muestra de que con propuestas innovadoras el Poder Judicial puede mejorar el servicio de justicia, sin embargo -de cara al nuevo diseño de la reforma procesal penal- ello aún no es suficiente[8].


 

NOTAS:

[1] www.congreso.gob.pe

[2] Dato extraído del Mensaje del Presidente del Poder Judicial Dr. Hugo Sivina Hurtado en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2004.

[3] La Ley N° 28122 cuenta con seis artículos y una disposición transitoria.

[4] Corte Suprema de Justicia. R.N. N° 1766-2004 – CALLAO de fecha 21-SET-2004.

[5] En el Recurso de Nulidad N° 4823-2004 – AYACUCHO, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante ejecutoria de fecha 13 de julio del 2006, declaró haber nulidad en la sentencia condenatoria de fecha 13 de octubre del 2005 que le impuso cuatro años de pena privativa de libertad con ejecución suspendida y sujeta a reglas de conducta, inhabilitación por dos años, dos mil nuevos soles como reparación civil a favor de FONCODES y quinientos nuevos soles a favor del Estado, sin perjuicio de devolver el monto malversado de cinco mil nuevos soles, absolviendo al acusado Sandro Paredes Chanhualla de los delitos contra la administración pública – peculado agravado por extensión y contra la fe pública – falsificación de documentos en general, en agravio del estado y de FONCODES, bajo el siguiente argumento: “Si bien el encausado Sandro Paredes Chanhualla reconoció su responsabilidad en el juicio oral (acogiéndose al artículo 5 de la Ley N° 2812), se debe señalar que doctrinariamente se ha establecido que la sola autoincriminación no basta para condenar a una persona, sino que deben existir otros elementos de prueba que verifiquen la autenticidad y veracidad de tal autosindicación; que no existiendo ello en la presente causa, se debe determinar que la responsabilidad penal del precitado (sic) no se encuentra fehacientemente acreditada, generando esta situación en el juzgador cuando menos duda razonable, la misma que le beneficia”.

[6] GASCON AVELLAN, Marina. “La argumentación en el derecho: algunas cuestiones fundamentales”. Edit. Palestra. Lima, 2003. pp. 382.

[7] Nota de prensa emitida con fecha 22 de setiembre del 2006: “Con Ley de Conclusión Anticipada se gana celeridad procesal: en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 47 % de las sentencias se dan bajo este procedimiento” (www.pj.gob.pe).

[8] Según la Ley N° 28671, a partir del primero de febrero del 2006 se encuentra en vigencia en todo el país los artículos 468 al 471 del nuevo Código Procesal Penal, referente al proceso de terminación anticipada. Sin embargo, pareciera que los fiscales y jueces, tal vez por desconocimiento o timidez frente a los cambios impulsados en la nueva lógica procesal penal, no utilizan dicha normativa, no obstante la emisión por a parte del Ministerio Público de la Directiva N° 001-2006-MP-FN sobre celeridad en las investigaciones, reducción de la carga procesal y seguimiento de denuncias, de fecha 17 de febrero del 2006, que establece en su numeral 3.6 que “Los Fiscales Provinciales Penales promoverán la terminación anticipada del proceso en los términos a que se contraen los artículo 468 al 471 del Código Procesal Penal, vigentes desde el 01 de febrero del presente año, por mandato de la Ley N° 28671”.

 


 

 

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