Revista editada por Jueces

 

 

 

 

Hace unos días –encontrándose de vacaciones los Magistrados y el personal auxiliar jurisdiccional- la población fue informada por los medios de comunicación de un hecho que causó impacto en el sistema de justicia: el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima –la mas grande del país- había sido suspendido en su condición de Magistrado por una medida cautelar de abstención dictada por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a cargo de Srta. Magistrada Dra. Elcira Vásquez Cortez. Similar medida ha sido impuesta a otros Magistrados en diferentes Cortes Superiores en diversos procesos por presunta inconducta funcional.

Tal medida temporal –en tanto dure el proceso investigatorio iniciado- guarda relación, según noticia publicitada en los diarios, con una proceso constitucional iniciado por un grupo de ex trabajadores del BCR que habían sido cesados durante el gobierno del ex -Presidente Fujimori; en dicho proceso, según se indica, se habría decidido la reincorporación de los demandantes a la citada entidad pública, y se habría ordenado además el pago de determinada suma de dinero a favor de éstos.

No corresponde –dado el estado del proceso investigatorio- a nuestra revista emitir un juicio de valor respecto de tal medida –dispuesta por la Jefatura de OCMA-, la que según se ha informado estaría siendo objeto de revisión en la instancia administrativa superior; tampoco –por ahora- podemos  –obviamente- calificar la decisión adoptada en dicho proceso constitucional; sin embargo tal evento nos lleva a una necesaria reflexión:  los Magistrados en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional no somos inmunes y estamos, en forma permanente, siendo observados en nuestra conducta funcional y en nuestras decisiones por los diversos órganos administrativos –disciplinarios- y jurisdiccionales, en algunos casos de oficio y en otros por denuncia de los ciudadanos o partes interesadas que han visto afectados sus derechos.

Cuando los Magistrados hacemos valer nuestra Independencia Judicial –defendiéndola de modo irrestricto- por constituir una garantía constitucional, somos concientes que ello corre paralelo con la responsabilidad que nos corresponde asumir en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional: Independencia  y responsabilidad de los jueces son dos caras de una misma moneda; no es posible entender la independencia judicial al margen de la responsabilidad que le corresponde al magistrado, sea por su conducta como por sus decisiones jurisdiccionales.

Los Magistrados, debido a la trascendente función que la Constitución nos ha conferido, que es la de impartir justicia o la de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, debemos ser un instrumento de paz social; por ello resulta lógico que la ciudadanía exija de nuestra parte una buena conducta como personas o seres humanos, que seamos respetuosos de la Constitución y de toda norma compatible con ella; de tal forma que cuando un Magistrado actúa en sentido contrario, se exige además la imposición de una severa sanción.

Los ciudadanos –en especial aquellos vinculados de una u otra forma con un proceso judicial- conocen los medios a los que pueden acceder a efecto de que se establezca si un Magistrado incurrió o no en responsabilidad en el ejercicio de su función jurisdiccional; veamos:

a) Por inconducta funcional: recurren ante los órganos de control de la Magistratura, que luego de un debido proceso disciplinario, establecen si existe o no responsabilidad en el magistrado investigado. Los órganos de control, actúan por denuncia de parte y también, como es lógico, de oficio; si la sanción a imponerse resulta ser la de destitución, interviene el CNM, órgano constitucional habilitado de modo exclusivo por la Constitución para imponer tal medida.

En este punto queremos dejar constancia de la necesidad de una mayor precisión en la tipificación de las faltas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello permitirá un mejor tratamiento en la aplicación de las medidas disciplinarias

b) En vía de revisión de nuestras decisiones jurisdiccionales, los órganos jerárquicos superiores están facultados para imponer medidas disciplinarias de apercibimiento y multa si advierten irregularidad en la tramitación del proceso materia de grado; la medida se impone sin proceso ni audiencia previa del sancionado; en esto el órgano sancionador actúa de oficio.

En este tema muchos consideran que tal forma de imposición de medidas disciplinarias son atentatorias al debido proceso administrativo.

Otros, por su parte señalan que los controles paralelos realizados por el órgano de control y por el superior colegiado que conoce del medio impugnatorio resultarían  violatorios del ne bis in ídem, sustantivo y procesal. 

c) Por los delitos que hubiere cometido en el ejercicio de su función jurisdiccional – prevaricato, abuso de autoridad, etc.- recurren ante el Ministerio Público, quien previa investigación preliminar determina si procede o no formalizar denuncia penal ante el órgano jurisdiccional respectivo; éste calificando tal denuncia fiscal, decide si apertura o no proceso penal en contra del magistrado denunciado; el Ministerio Público actúa también de oficio cuando llega a su conocimiento de un hecho que, en su opinión, constituya delito cometido por un Magistrado, como es el caso de actos de corrupción, delitos contra la administración de justicia en general, etc.

d) Por los daños que hubiere causado negligentemente el juez de la causa, a alguna de las partes en un proceso judicial, recurren a juicio de responsabilidad civil a efecto de que se le condene al magistrado demandado a la indemnización correspondiente por dichos daños;

e) Cuando la sentencia o auto final se expidió con infracción al debido proceso, o cuando el auto,  sentencia o duración de un proceso en materia penal, afectó la libertad o un derecho conexo, recurren a un proceso constitucional –amparo o habeas corpus-;

f) Cuando la sentencia, auto final o acuerdo homologado por el juez, se expidió en un proceso con fraude o colusión afectando el debido proceso, recurren a un proceso ordinario conocido como nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

Un correcto uso de dichos mecanismos permite a la ciudadanía un efectivo control al Magistrado, en su conducta funcional como en sus propias decisiones jurisdiccionales; no obstante el uso abusivo o indebido de tales medios, distorsiona la finalidad de los mismos; y al ser usados como medios de presión o amenaza contra el magistrado se pretende con ello forzar que se aparte del conocimiento de determinados procesos, prolongar indefinidamente el conflicto de modo artificial o que se resuelva en determinado sentido.

La medida dispuesta contra el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, es la expresión de uno de los medios de control citados líneas arriba; y comunica a la ciudadanía los graves efectos que pueden generar los mismos, y borra del panorama judicial el dicho muy usado por quienes pretenden intervenir desde fuera el Poder Judicial: “otorongo no come otorongo”.

Lima, Febrero del 2007

Consejo Directivo.    

 

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